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Aún antes de tomar posesión como presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado que el fideicomiso ProMéxico desaparecería ya que gastan muchos recursos en labores de promoción y “no hacen nada”. De acuerdo con las estimaciones de AMLO y su entonces equipo de transición se estaban destinando muchos recursos a una estructura que resultaba paralela a la diplomática, ya que, a decir de sus colaboradores, sólo en México sucede que hay oficinas encargadas de hacer lo que en todo el mundo es función de la diplomacia y, en todo caso, solo requiere de una persona adicional.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Economía, entre 2007 y 2017 ProMéxico logró atraer mil 126 proyectos de inversión extranjera directa, que representaron inversiones por alrededor de 109 mil millones de dólares y la creación de 411 mil puestos de trabajo.  Y en el sexenio pasado se reportó la llegada de 193 mil millones de dólares de IED, de los cuales 40 por ciento se asocia al trabajo de las oficinas de ProMéxico, es decir, 4 de cada 10 dólares que se invirtieron en México fueron atendidos y conducidos por los consejeros del fideicomiso en el mundo.

Según cálculos de la Secretaría de Economía, de la cual dependía ProMéxico, en el segundo semestre de 2018 habrían ingresado al país 44.54 dólares por concepto de IED por cada dólar invertido en las empresas extranjeras, recibiendo 649.59 millones de dólares por concepto de inversiones comprobadas, y quedando evidenciado que los beneficios de las actividades de promoción realizadas superaban los costos generados.

A pesar de estas cifras, López Obrador siguió adelante con su plan de austeridad y aprovechando que había empleados cuyo contrato finalizaba el 31 de diciembre simplemente no los renovaron.  Para los poco más de 500 empleados de las oficinas de CDMX que simplemente ya no pudieron ingresar en enero a las oficinas y que acusan que fueron separados del cargo sin recibir explicación ni documento alguno por el cual se les notificara el cese de sus funciones, los despidos rayan en la ilegalidad ya que no se ha emitido aún el decreto oficial que extinga al organismo.

Por si esto fuera poco, algunos de los exfuncionarios, que han pedido no ser identificados, han explicado a los medios que hasta el momento no se les ha pagado el finiquito correspondiente y que al ver violentados sus derechos laborales se verán en la necesidad de demandar, ya que muchos de ellos ni siquiera pueden acogerse a los beneficios de sus seguros de desempleo al no tener una constancia legal que acredite que están desempleados.  El tema lamentablemente no para ahí, según declaraciones de un exfuncionario de la dependencia al periódico “El Financiero” la actual administración no contempla pagar la liquidación de los empleados de estructura, alrededor de 40% de los empleados despedidos estarían en esta situación y dentro de este porcentaje se incluye a los consejeros que se desempeñan en las oficinas de ProMéxico en el extranjero.

ProMéxico contaba con 46 oficinas de promoción comercial en 31 países, y los empleados de estas oficinas enfrentan una situación más complicada que los empleados aquí ya que han dejado de recibir su nómina y nadie los ha contactado para revisar su repatriación y la de sus familias, así como el patras de su menaje de casa. Además, desde principios de este mes estas oficinas no cuentan con recursos para la operación, y han tenido que dejar de pagar la renta de los locales, y de los servicios (a algunas ya les suspendieron el teléfono y el internet). Sin recursos, no pueden cubrir tampoco los salarios de los empleados administrativos locales, cuyos contratos se rigen por las leyes laborales de cada país y que podría derivar en demandas laborales y manchar la imagen del país.

La situación en estas oficinas es complicada ya que en tanto el gobierno no emita el decreto de extinción del ProMéxico no existirá fundamento legal para el cierre de las oficinas en el exterior, estas deberán seguir funcionando y los problemas y las cuentas se seguirán acumulando. No obstante, pareciera que a pesar de la acuciante situación el gobierno no tiene prisa por resolver los entuertos que ha creado al llevar a cabo un cierre sin hacer la planeación debida y simplemente no da la cara.

Con esta reestructuración, también se impactará la operación de las representaciones diplomáticas, ya que su personal no está capacitado en estos momentos para asumir las funciones de promoción de negocios y de asesoría con el grado de especialización que hoy día si tiene el personal de ProMéxico. Y es muy probable que también tengan que absorber en sus presupuestos los costos administrativos del cierre asumiendo las rentas y cuentas que se acumulan.

La economía nacional se verá afectada al ver menguada su capacidad de atracción de capitales productivos ya que se perderá un punto de contacto crucial para la inversión extranjera y la generación de oportunidades de negocio, se perderá la enorme red de contactos y de conocimiento que se había formado. Las empresas mexicanas, sobretodo las PyMes, perderán a un aliado fundamental en la promoción de sus productos y servicios, que los acompañaba paso a paso en los procesos de exportación.  Y si bien el gobierno ha contemplado la creación de un organismo entre la Secretaría de Economía y de Relaciones exteriores que asumirá las funciones de asesoría a las PyMes no hay todavía una idea clara de cómo lo hará, estamos hablando de que, con las nuevas reglas, el país tendrá que asumir una curva de aprendizaje de operación que resulta costosa e innecesaria.

Nuevamente las intenciones de AMLO son buenas pero su implementación es desastrosa y al final terminaremos pagando su falta de previsión y pericia.

Más transformación de cuarta

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